EL SISTEMA PENAL SI ES ALCAHUETA

Una de las grandes fuentes de inspiración para la Revolución Francesa, ciertamente fue, la búsqueda de soluciones a los problemas sociales de la época. Esta revolución significó pasar de las sociedades estamentales, herederas del feudalismo, al modelo de sociedad capitalista. La burguesía, consciente de su papel preponderante en la vida económica, desplazó del poder a la aristocracia y a la monarquía absoluta. Los revolucionarios franceses no sólo crearon un nuevo modelo de sociedad y estado, sino que difundieron un nuevo modo de pensar para la mayor parte del mundo.
Amparados a estos principios y en una interpretación irracional de los derechos humanos, ahora vemos como el sistema penal costarricense, compuesto por la policía de proximidad del Ministerio de Seguridad Pública, las cárceles del Ministerio de Justicia y Paz; el Poder Judicial en todas sus instancias, Magistrados, Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y los propios Tribunales de Justicia, han vuelto al Sistema Penal actual en Alcahueta. La impunidad campea por todos lados. La policía de proximidad nunca esta próxima a cumplir con los ciudadanos, y sobre todo ante el llamado de auxilio. El Sistema Penitenciario Nacional, evita a toda costa que se cumpla con las penas privativas de libertad impuestas a los delincuentes y aplica cuanta excusa legal exista, para dejarlos en libertad, abusando de cualquier beneficio que nació para gratificar al privado de libertad, que muestre arrepentimiento y deseos de reincorporarse a la sociedad, en pro del beneficio común. El Ministerio Público y sus colegas de la Defensa Pública, no se esfuerzan por aplicar la prisión preventiva y más bien buscan a toda costa como dejarlos libres, con solo que diga que tiene domicilio fijo y empleo es suficiente para su libertad. Claro que nadie verifica esta información. Viva la justicia pronta y cumplida. Pero si además de todo lo anterior el “pobre” delincuente llega a un proceso judicial, tiene dos comodines más: “conciliar con el ofendido” y el “in dubio pro reo”, con el apoyo de la defensa pública.
En otras palabras, todos los delincuentes siguen en las calles, gracias al Sistema Penal Costarricense, que no le preocupa para nada la seguridad ciudadana, pero si los derechos humanos de los asesinos y asaltantes.
Mientras la prisión preventiva y la imposición de penas privativas de libertad estén supeditadas a una serie de “beneficios” nunca podremos los ciudadanos esperar que las penas que establece el código penal se apliquen y se cumpla el principio de castigo al infractor penal.
La triste rendición de cuentas del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora, quien además cuenta con un larga carrera judicial como penalista, quien afirmó: “El Sistema actual no es Alcahueta”, la solución al problema de la delincuencia, no se soluciona con meterlos a todos a la cárcel agregó, ciertamente no es la mejor solución pero todos los que delinquen deben ir a la cárcel, así lo establecen las leyes. Es bueno recordarles a los funcionarios judiciales que ellos prometieron hacer cumplir las leyes de la república, en defensa de los ciudadanos honestos.
No es posible, que como al Estado Costarricense le resulta más económico no cumplir enviar a la cárcel a los delincuentes se tome esto para justificar que los sentenciados e imputados anden sueltos por las calles de San José.
Podríamos continuar dando ejemplos de la situación tan deplorable en que vivimos los ciudadanos, la pérdida de credibilidad tan acelerada que está sufriendo el sistema penal, está generando que cuando una persona es víctima de la delincuencia opte por no poner la denuncia. La sola razón de someterse al proceso penal en su condición de víctima es doblemente doloroso, para que al final, ya de antemano se sepa que se va a declarar inocente a su agresor, por un tecnicismo o sencillamente gracias a un beneficio invocado a tiempo por su excelente defensa, que en la inmensa mayoría, es una defensa pública, pagada y contratada, por los impuestos que pagamos todos. Y además de perder los objetos materiales sustraídos, o el dolor de la muerte de un ser querido en manos de un delincuente, los tribunales de “justicia” se encargan de que pierda lo último que le quedaba, la fe en la justicia y además de quedar expuesto a la insolencia de los actores del circo judicial que vivimos día a día.
En el fondo aquí hay un problema de imagen internacional. Un interés oculto. Si la población penal es baja, Costa Rica brilla en los foros internacionales como el país que menos delincuentes presos tiene, y nuestros funcionarios pueden “viajar” a exponer lo bien que estamos, pero lo cierto es que los tenemos a todos libres y con permiso para dominar a la sociedad civil.
Para el próximo año, todos los que están involucrados en el Sistema Penal Costarricense, deben hacer conciencia y dejar de lado las estadísticas blancas y tomar más en serio las estadísticas negras que se construyen con el dolor de la familia costarricense.
En estos días la directora General de la Defensa Pública, salió en defensa de su jefe, el Presidente de la corte y hace toda una explicación de porque ellos solo se limitan a aplicar la ley sin importar a quien. Que el Sistema Penal no es alcahueta, aquí empieza a equivocar sus argumentos, primero el poder judicial, es solo una parte del sistema penal, e ignora que el sistema penal es más amplio que el código penal y procesal penal. Segundo no podemos alegar los derechos constitucionales de los delincuentes para justificar la impunidad que reina en Costa Rica. No olvidemos que la Defensa Pública es, precisamente, la oficina encargada de hacer valer los derechos de los delincuentes, y tristemente no hay una oficina para exigir que se resguarden los derechos de las víctimas que somos todos los habitantes honestos de la república.
La democracia, también es, respetar los derechos de los ciudadanos, exigir el cumplimiento de la ley, no es inhumano pedir que se cumplan las penas tal como debe ser. La verdad es que todos los ciudadanos sabemos que por tecnicismos legales la gran mayoría de delincuentes quedan libres.
Efectivamente, la corriente abolicionista no está en los expedientes legislativos, está en los despachos judiciales, que hacen hasta lo imposible porque los delincuentes sigan en nuestras calles haciendo de las suyas, la mafia sabe que los tribunales de justicia nunca los van a enviar a la cárcel de forma directa. La Asamblea Legislativa ha promulgado leyes que buscan que los delincuentes infractores estén en las cárceles, pero si el Sistema Penal no funciona, esto jamás será posible.
Cuando los infractores reciben el justo castigo por su conducta, la democracia constitucional demuestra que está funcionando. Lo que pedimos es un Sistema Penal con soluciones, no con pretextos para alcahuetear.